Exceso de velocidad en Quito

La Ley de Tránsito en Ecuador presenta serias falencias en el control del exceso de velocidad en zonas urbanas residenciales, lo que deja a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) exenta de su deber de prevención, vigilancia, sanción y detención. Esta omisión crea un vacío peligroso que afecta directamente la seguridad de los ciudadanos y perpetúa la impunidad en las calles.

En Quito, solamente 3 cinemómetros (medidores de velocidad portátiles) ayudan a la prevención, para fiscalizar el tránsito en zonas urbanas. La ley establece que el exceso de velocidad solo puede comprobarse mediante un radar homologado, el único medio técnico válido. En la práctica, esto significa que en calles residenciales, donde estos radares no están presentes, no existe una forma efectiva de verificar si un vehículo está excediendo los límites de velocidad, incluso en caso de un siniestro vial.

Si ocurre un siniestro, el conductor puede alegar que circulaba dentro del límite permitido, y sin un radar o dispositivo de medición en el lugar, no hay forma de refutar su declaración. Esto no solo dificulta la aplicación de la ley, sino que deja en evidencia la falta de herramientas técnicas y recursos que permitan a los ciudadanos denunciar y protegerse.

Un caso concreto: el peligro en el barrio Vicentina Baja

En la ciudadela San Pedro y San Pablo, del barrio Vicentina Baja, los buses de la Cooperativa Quitumbe circulan constantemente a altas velocidades, poniendo en riesgo a los transeúntes. A pesar de haber realizado denuncias al sistema 911, el problema persiste sin solución.

Más grave aún, el personal del 911 no solo no facilita la gestión de denuncias, sino que intimida a los ciudadanos al justificar su inacción con el argumento de que los agentes de tránsito son agredidos físicamente por los transportistas cuando intentan imponer sanciones. Esta respuesta pone en duda la función del sistema de emergencias: si no brinda herramientas prácticas y legales para denunciar, ¿para qué sirve?

Adicionalmente, aunque existen aplicaciones móviles que pueden medir velocidades y registrar pruebas, estas no son consideradas válidas ante la ley. Como resultado, el ciudadano queda completamente desprotegido, sin posibilidad de exigir controles efectivos.

Una ciudad sin control real sobre la velocidad

Quito cuenta con aproximadamente 700.000 vehículos en circulación y solo 1.300 agentes de tránsito, de los cuales apenas 400 operan en el Distrito Metropolitano. A esto se suma que los radares de velocidad solo están presentes en autopistas y en contados puntos estratégicos de la ciudad. El control del exceso de velocidad en calles residenciales es prácticamente inexistente.

Esta falta de recursos, combinada con una preocupante indiferencia de las autoridades, perpetúa la impunidad y pone en riesgo a peatones, ciclistas y conductores responsables. El mensaje que se envía es claro: cualquiera puede conducir a exceso de velocidad sin consecuencias.

¿Inoperancia institucional?

Las entidades responsables del control del tránsito, como el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito y la AMT, han demostrado una preocupante omisión de sus responsabilidades. No existe voluntad política para corregir este vacío legal y operativo.

A esto se suma la inacción de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que debería incluir el exceso de velocidad en su mapa de riesgos antrópicos (provocados por el ser humano), considerando su impacto en la seguridad ciudadana. Sin embargo, hasta la fecha, este problema no ha sido priorizado en las estrategias de prevención.

Esta situación genera miedo entre los ciudadanos, quienes prefieren no denunciar por temor a represalias o por la ineficacia del sistema. Sin embargo, el silencio solo perpetúa el peligro y aumenta la probabilidad de tragedias evitables.

¿Qué podemos hacer?

Como Vicepresidente de la Mesa de Movilidad del Municipio de Quito y voluntario de Gestión de Riesgos, estoy convencido de que la prevención y el monitoreo constante son clave para mejorar la convivencia ciudadana y evitar accidentes.

Es urgente que las autoridades:

• Doten a los agentes de tránsito con medidores de velocidad manuales móviles, permitiendo un control efectivo en zonas residenciales.

• Fomenten la participación ciudadana mediante herramientas legales accesibles, como aplicaciones homologadas para medir velocidades y reportar infracciones.

• Incorporen el exceso de velocidad en el mapa de riesgos antrópicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para que sea tratado como una amenaza a la seguridad ciudadana.

• Reestructuren el sistema de denuncias del 911 para que verdaderamente facilite la participación de los ciudadanos en la vigilancia del tránsito.

En mi barrio, la Cooperativa Quitumbe sigue circulando a exceso de velocidad, y los accidentes son solo cuestión de tiempo. No podemos seguir permitiendo que el vacío legal y la falta de control sigan cobrando vidas.

Si no actuamos ahora, la seguridad vial en Quito continuará siendo un desafío imposible de superar. Es momento de exigir respuestas y soluciones concretas.